Cristina Lombana pasará de la Corte Suprema a la Secretaría de Transparencia con investigaciones y controversias sobre su patrimonio, denuncias por presunto abuso de sus funciones y antiguos cuestionamientos sobre su actuación en procesos relacionados con Álvaro Uribe.
El nombramiento de Cristina Lombana como secretaria de Transparencia del gobierno de Abelardo de la Espriella pone bajo especial escrutinio los cuestionamientos que han acompañado su trayectoria como magistrada. No se trata de asuntos menores para el cargo que asumirá: entre ellos aparecen una indagación relacionada con su patrimonio, denuncias formuladas ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y controversias sobre su imparcialidad en investigaciones relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe.
Uno de los episodios más conocidos surgió cuando Daniel Coronell reveló que Lombana había trabajado previamente con Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, relación profesional que no aparecía en la hoja de vida con la que llegó a la Corte Suprema. Lombana reconoció que había trabajado con Granados, aunque explicó que no incluyó esa experiencia porque no tenía cómo acreditarla documentalmente. Posteriormente fue separada de dos investigaciones contra Uribe, aunque la decisión se sustentó en su condición previa como oficial activa del Ejército y la relación de subordinación que había tenido frente al entonces presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
La Secretaría de Transparencia tiene entre sus tareas articular la política gubernamental contra la corrupción y promover mecanismos de integridad pública. Por eso, las investigaciones y controversias que acompañan a quien estará al frente de esa dependencia pasan a ser un asunto directamente relacionado con la credibilidad institucional del cargo.
Otro frente está relacionado directamente con su patrimonio. La UIAF confirmó en 2026 la existencia de un producto de inteligencia financiera que relacionaba información de Lombana y señaló que este fue entregado a las autoridades competentes. El Reporte Coronell informó que allí se advertía sobre un posible incremento patrimonial sin justificar. Lombana ha rechazado cualquier irregularidad y ha explicado las variaciones de su patrimonio por pólizas, pago de obligaciones, una indemnización y herencias. La existencia del informe está acreditada; que haya cometido enriquecimiento ilícito no está establecido judicialmente.
A esos cuestionamientos se agrega una denuncia presentada por el magistrado Francisco Farfán ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Según documentación conocida por El Espectador, el expediente contempla señalamientos por presuntos acto arbitrario e injusto, abuso de función pública y prevaricato por acción y omisión. Existe una investigación previa, pero el trámite ha enfrentado recusaciones y no hay una decisión que determine responsabilidad de Lombana, quien ha rechazado las acusaciones.
Lombana llega así a Transparencia con una paradoja política evidente: tendrá que exigir estándares de integridad desde el Ejecutivo mientras varios cuestionamientos sobre sus propias actuaciones siguen sometidos al escrutinio institucional y público. Eso no permite anticipar culpabilidades, pero sí obliga a distinguir qué señalamientos han sido investigados, cuáles continúan abiertos y cuáles han sido respondidos por la propia magistrada.
