La emergencia sísmica encuentra a alcaldías y entidades territoriales en plena transición, mientras crecen las dudas sobre la coordinación, la información disponible y la capacidad de respuesta institucional.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a buena parte de Colombia puso al país frente a una emergencia que exige coordinación inmediata entre el Gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías y organismos de socorro. Pero también puso sobre la mesa una preocupación que venía desde antes del desastre: la falta de un proceso de empalme que garantizara una transición ordenada entre administraciones.
El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó afectaciones en distintas regiones del país, con reportes de daños estructurales, evacuaciones y personas afectadas. Las autoridades trabajan contrarreloj para establecer el balance y coordinar la respuesta ante la emergencia.
Y es precisamente en una situación como esta cuando la información institucional resulta fundamental.
Una administración que llega debe conocer los recursos disponibles, los responsables de cada dependencia, los protocolos existentes, los contratos en ejecución, los equipos con los que cuenta y los canales de coordinación con las demás entidades.
Eso es, justamente, lo que debería garantizar un proceso de empalme.
Cuando esa transferencia no se realiza de manera adecuada, el riesgo es que funcionarios y equipos tengan que reconstruir sobre la marcha información que debería estar disponible desde el primer día. En una emergencia, esa falta de claridad puede traducirse en más congestión, demoras y dificultades para coordinar la respuesta.
