Después de 28 años, artistas se quedan sin los premios del Programa Nacional de Estímulos

MinCulturas confirmó que no designará ganadores ni entregará recursos de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos en 2026. La decisión genera alertas sobre el debilitamiento de las políticas públicas de apoyo a artistas y organizaciones culturales.

Uno de los programas más antiguos y emblemáticos de apoyo estatal a la cultura colombiana sufrirá un golpe en 2026. El Ministerio de las Culturas confirmó este 15 de septiembre que no habrá designación de ganadores ni asignación de recursos para las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos (PNE).

No se trata de una convocatoria marginal. El propio Ministerio presentó este año el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC) como el resultado de más de 28 años de experiencia en estímulos públicos destinados a democratizar el acceso a recursos, fortalecer los procesos culturales en los territorios y dignificar el trabajo de quienes hacen cultura.

El Programa Nacional de Estímulos ha respaldado durante décadas a artistas, creadores, investigadores, gestores, colectivos y organizaciones mediante becas, residencias, pasantías, premios y reconocimientos. Su alcance incluye procesos de creación, formación, circulación, investigación, patrimonio, emprendimiento y transmisión de saberes tradicionales en todo el territorio nacional.

¿Qué ofrecía estímulos?

Para dimensionar su importancia, el portafolio completo de 2026 fue anunciado en febrero con $31.190 millones para apoyar 1.167 proyectos culturales. La oferta estaba dirigida a personas, colectivos y organizaciones de diferentes regiones y sectores culturales. La decisión conocida ahora afecta específicamente las modalidades de premios y reconocimientos cuyas evaluaciones no habían comenzado, no la totalidad de becas y estímulos que ya avanzaron durante el año.

El Ministerio argumentó restricciones en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y la priorización de recursos para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. Según la entidad, las propuestas alcanzaron a superar la verificación de requisitos, pero su evaluación nunca comenzó. Por eso no serán declaradas desiertas: sencillamente no habrá ganadores ni recursos asignados en esas modalidades durante 2026.

La exministra Yannai Kadamani cuestionó la decisión y señaló que la nueva administración redujo equipos humanos y capacidad institucional para posteriormente alegar que no tenía personal suficiente para evaluar las propuestas. También cuestionó que problemas de flujo de caja terminen afectando un programa que contaba con recursos previstos para esta vigencia. Estas son críticas de la exfuncionaria; la comunicación oficial del Ministerio atribuye la decisión a las restricciones presupuestales y de caja.

Para miles de artistas y organizaciones, los estímulos públicos no son un premio simbólico. Son recursos que permiten financiar creación, circulación, investigación y procesos culturales que difícilmente encuentran respaldo en el mercado. El propio Estado construyó durante casi tres décadas este programa como una herramienta para llevar financiación pública de la cultura más allá de las grandes instituciones y hacia artistas, colectivos y territorios.

Habría riesgo de desmonte del ministerio

La decisión también encendió las alarmas sobre un posible desmonte progresivo de las políticas culturales del Estado. Kadamani denunció que la nueva administración pidió renuncias a funcionarios de libre nombramiento, dejó de renovar contratos de prestación de servicios y debilitó los equipos encargados de diseñar, evaluar y ejecutar estas políticas, para después alegar falta de personal como una de las dificultades para continuar con los estímulos.

Su cuestionamiento apunta a un riesgo mayor: que la reducción simultánea de talento humano, recursos y programas termine debilitando la capacidad institucional construida durante décadas para respaldar a artistas y organizaciones culturales. Se trata de una denuncia de la exministra y no, hasta ahora, de una conclusión demostrada sobre una política deliberada de desmonte.